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de expresión en Cuba
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Las autoridades cubanas han utilizado el derecho penal para encarcelar y silenciar las voces alternativas en el país durante décadas. Junto con los despidos arbitrarios del empleo estatal como táctica para despojar a la gente de sus medios de vida, esto ha creado un profundo clima de miedo en Cuba durante décadas.
La protesta del domingo pareció simbolizar una ruptura de este miedo. Ese domingo, se escuchaban consignas como “no tenemos miedo” y “Patria y Vida”. Muchas personas cubanas en diferentes ciudades protestaron por primera vez en años por la situación económica, agravada por la pandemia del COVID-19, la falta de medicamentos y las restricciones a la libertad de expresión.
En lugar de garantizar su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las autoridades cubanas desplegaron fuerzas de seguridad que detuvieron y vigilaron a personas que salieron a las calles, así como activistas y periodistas independientes. La lista de personas supuestamente detenidas y cuyo paradero se desconoce es alarmante.
A pesar de estos ataques, las personas cubanas y colectivos como el movimiento San Isidro siguen resistiendo valientemente, como una llama que nunca se apaga. Muéstrales a ellos y al mundo tu solidaridad: únete hoy a La Llama Eterna y mantenla viva. ¡Firma la petición ya!
Tras las protestas pacíficas celebradas en toda la nación, las autoridades cubanas, con el presidente Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado una política de represión, aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, nombrando a seis personas detenidas en los últimos meses como presas de conciencia.
Hamlet Lavastida Cordovi es un artista gráfico cubano. A lo largo de los últimos años, ha encontrado obstáculos para exponer su trabajo en Cuba, y ha pasado periodos en otros países. En junio de 2021, tras un periodo de residencia artística en Berlín, decidió volver a La Habana.
A su llegada a Cuba, pasó seis días de cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado, medida tomada por las autoridades en respuesta a la pandemia de COVID-19. Una vez terminada la cuarentena, el 26 de junio, las autoridades lo llevaron al centro de detención de Villa Marista sin ofrecerle ninguna explicación..
Hamlet está siendo investigado por haber propuesto una representación artística en un hilo privado de mensajes con otros artistas que, al final, no se llevó a cabo. Debido a ello, ha sido acusado de "instigación a delinquir”, según la decisión de hábeas corpus emitida por el Tribunal Popular Provincial de La Habana, aunque su familia teme que puedan imputarle otro delito falso para mantenerlo en la cárcel. Al parecer, las autoridades están utilizando ese delito para castigar a quienes se muestran en desacuerdo con la actuación del gobierno, aunque no hayan realizado ningún acto delictivo.
La fiscalía ha negado tanto la libertad bajo fianza como el arresto domiciliario en espera de juicio a Hamlet, que continúa en un centro de detención, desde el que mantiene escasa comunicación con su familia.
Maykel Castillo Pérez, conocido por su seudónimo artístico Maykel Osorbo, es un músico cubano, miembro del Movimiento San Isidro. Es también uno de los autores de la canción "Patria y Vida", crítica con el gobierno cubano, que se ha convertido en un himno de protesta. Según otras personas del Movimiento San Isidro, las autoridades lo han hostigado constantemente por sus acciones, y lo han detenido en varias ocasiones de manera arbitraria.
El pasado 4 de abril, cuando caminaba por La Habana unos agentes de policía interrogaron a Maykel e intentaron detenerlo, pero finalmente desistieron ante las protestas de otros transeúntes que consideraron injusta la medida. Así, Maykel decidió seguir caminando hasta la sede del Movimiento San Isidro donde, en respuesta a los acontecimientos, se congregó una reunión espontánea, con canciones de protesta contra el gobierno. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley que estaban presentes se retiraron sin efectuar detenciones.
Posteriormente, Maykel fue sometido por el Estado a vigilancia continua —práctica común en Cuba—, y brevemente detenido en dos ocasiones, sin ninguna explicación. El 18 de mayo, agentes de seguridad del Estado se personaron en su domicilio y lo detuvieron. Duran 10 días, su familia no pudo localizarlo, al negarse las autoridades a facilitar información sobre su paradero.
En la actualidad se encuentra recluido en la prisión provincial de Pinar del Río, centro de detención de alta seguridad, alejado de su lugar de residencia. A causa del ejercicio pacífico de sus derechos, ha sido acusado de los delitos de “atentado”, “resistencia,” “evasión de presos o detenidos” y “desórdenes públicos”.
El pasado 30 de abril, aproximadamente entre mediodía y las dos de la tarde, 12 personas fueron detenidas en la calle Obispo de La Habana Vieja (Cuba) por haber protestado de manera pacífica en defensa del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba en huelga de hambre con fuerte vigilancia policial a la puerta de su domicilio. El 2 de mayo, Luis Manuel fue hospitalizado a la fuerza y, tras un mes detenido en el hospital General Calixto García de La Habana, quedó en libertad sin cargos, pero fue de nuevo detenido el 11 de julio, junto con cientos de personas más que participaron en las protestas que se extendieron por toda la isla. Varias de las personas que protestaron en la calle Obispo en su favor, permanecen detenidas, entre ellas el periodista independiente Esteban Lázaro Rodríguez González, de la revista ADN Cuba.
Según la documentación judicial que Amnistía Internacional ha podido examinar y la información facilitada por Cubalex, Esteban Lázaro Rodríguez González, Mary Karla Ares González y varias personas más han sido acusados de “resistencia” y “desórdenes públicos”, delitos que, desde hace decenios, se vienen utilizando en Cuba para silenciar a la disidencia.
Todos estos activistas se encuentran recluidos en distintas cárceles de todo el país, en su mayoría fuera de sus localidades de residencia. Según la información facilitada por la revista de noticias ADN Cuba, el pasado 16 de junio 2021 Esteban Rodríguez fue diagnosticado de COVID-19 y tras un periodo de hospitalización, trasladado a la cárcel del Combinado del Este. A fecha de 11 de agosto, Mary Karla Ares González continuaba bajo arresto domiciliario, sin información sobre la fecha de su juicio.
Thais Mailén Franco Benítez es una de las activistas de derechos humanos que participaron en la protesta de la calle Obispo, el pasado 30 de abril, en defensa del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, ha sido acusada de "resistencia" y "desórdenes públicos". Ambos delitos, descritos de manera extremadamente imprecisa en la legislación cubana, se utilizan con frecuencia para castigar a la disidencia.
Thais se encuentra recluida en espera de juicio por orden de la fiscalía —no de un juez—, medida que su representante legal ha impugnado sin éxito. Tras su detención, fue trasladada a la cárcel de El Guatao (municipio de La Lisa, provincia de La Habana), desde donde pudo llamar por teléfono a su familia.
Una vez en la cárcel, sufrió lesiones a consecuencia de una caída. Su familia sólo la pudo ver un momento, cuando las autoridades la trasladaron a un hospital local, pero no les permitieron hablar con ella, y temen que no la estén tratando de manera adecuada.
Luis Manuel Otero Alcántara es artista y miembro del Movimiento San Isidro, grupo que se movilizó, inicialmente, en contra del Decreto 349, ley distópica concebida para censurar a los artistas. Amnistía Internacional lo había declarado ya preso de conciencia en tres ocasiones anteriores.
El 11 de julio, en torno a las tres de la tarde, dos agentes de seguridad del Estado lo detuvieron cuando se encontraba sentado en una calle de La Habana, poco después de haber publicado un vídeo en el que declaraba su intención de sumarse a las protestas.
Según un documento judicial, fechado el 15 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio, pero está siendo investigado por incidentes ocurridos en abril de 2021. El documento judicial indica que está en prisión provisional por los cargos de "desorden público, desacato e instigación a delinquir ". Está recluido en la cárcel de Guanajay.
José Daniel Ferrer García es un activista político cubano, líder del grupo político de oposición no oficial Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). En el pasado, ha sido víctima de amenazas y hostigamiento, y encarcelado sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, por lo que Amnistía Internacional ya lo había reconocido previamente como preso de conciencia.
El 11 de julio, intentó asistir a las manifestaciones de Santiago de Cuba junto con su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo. En torno a las cinco de la tarde, salió de su domicilio, y pasó de largo ante los agentes de seguridad del Estado que lo vigilan constantemente, pero según su familia, otros agentes le dieron el alto unos metros más adelante.
En un documento jurídico al que Amnistía Internacional ha tenido acceso, la Fiscalía Provincial sostiene que Jose Daniel y su hijo profirieron eslóganes contra el gobierno.
Inicialmente, el Ministerio Público lo puso en prisión provisional y lo acusó de "desorden público" por intentar unirse a las protestas del 11 de julio. Según un documento judicial, que Amnistía Internacional ha podido revisar, fechado el 12 de agosto, también se ha revocado su libertad condicional basada en una condena anterior y ahora tiene que pasar 4 años en prisión. Las autoridades impidieron a las organizaciones internacionales que observaran ese juicio en su momento, el cual estuvo empañado por irregularidades.
Su hijo ha quedado en libertad a condición de que se presente periódicamente ante las autoridades y firme un documento por el que se compromete a no protestar más, lo cual constituye una restricción inadmisible de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
El hijo de Jose Daniel Ferrer es la última persona de su círculo próximo que lo vio, cuando ambos fueron trasladados al centro de detención de Versalles, tras su detención. Desde entonces no hay constancia de su paradero. Las autoridades no les han permitido verlo ni comunicarse con él, y tampoco les han facilitado ningún documento que certifique su paradero.
En una sentencia del 23 de julio, el Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba desestimó una solicitud de hábeas corpus presentada en su nombre. El documento en cuestión confirmaba que José Daniel Ferrer se encontraba privado de libertad desde el 11 de julio, pero no indicaba dónde se encontraba recluido. Asimismo, un documento judicial, fechado el 12 de agosto, que revoca su libertad condicional por una condena anterior, indica que será recluido en una prisión determinada por el Ministerio del Interior, pero no especifica cuál.
Según la información disponible, Amnistía Internacional considera que la ocultación de su paradero es constitutiva de desaparición forzada, de conformidad con el artículo 2 del Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el que Cuba es Estado Parte.